En una medida que ha generado rechazo nacional e internacional, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad y en primera legislatura una reforma constitucional que redefine al país como un Estado “revolucionario” y otorga poderes extraordinarios al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, reseñó EFE.
Las enmiendas, que reforman 135 artículos y derogan otros 38 de la Carta Magna, fueron aprobadas de forma expedita y deberán ser ratificadas en una segunda legislatura en enero de 2025.
Entre las modificaciones más controvertidas se encuentran la ampliación del mandato presidencial a seis años, la creación de la figura de “copresidenta” y la legalización de la apatridia, así como la inclusión de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio.
Concentración de poder en la Presidencia
Según lo establecido en el Capítulo II, artículo 132, la Presidencia de la República coordinará todos los poderes del Estado, incluidos el legislativo, judicial, electoral y los entes autónomos.
Además, ostentará la jefatura suprema del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Ortega y Murillo también podrán designar vicepresidentes sin necesidad de elecciones populares.
Policía Voluntaria y control de medios
La reforma crea la “Policía Voluntaria”, señalada por opositores como una fuerza parapolicial vinculada a la represión de manifestaciones desde 2018. Asimismo, se otorga a la Presidencia la facultad de ordenar la intervención del Ejército para respaldar a la Policía Nacional en casos de “estabilidad de la República”.
Otra disposición controvertida establece un control sobre los medios de comunicación, prohibiendo la difusión de noticias consideradas falsas o que contravengan los intereses del Estado. Las organizaciones religiosas, además, deberán mantenerse libres de injerencia extranjera y no podrán realizar actividades que afecten el orden público.
Reacciones internacionales y críticas internas
La Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó las reformas como un intento de consolidar un modelo totalitario y perpetuar a Ortega en el poder. De igual forma, Estados Unidos condenó la medida, acusando al mandatario de utilizar la Constitución como herramienta para afianzar su control.
Los opositores internos aseguran que las modificaciones buscan garantizar una sucesión dinástica y establecer un modelo de partido único, similar al de Cuba, donde el poder se concentra en una sola familia.
¿Un paso hacia el aislamiento internacional?
Otra disposición relevante ordena al sistema financiero de Nicaragua desconocer sanciones internacionales, argumentando que estas violan el derecho internacional. Este punto busca proteger a funcionarios e instituciones del país ante medidas adoptadas por gobiernos extranjeros.
A medida que se acerca la fecha de la segunda legislatura, el panorama político de Nicaragua se tensa, con críticas que apuntan a una erosión del Estado de derecho y el establecimiento de un régimen cada vez más autoritario.