El desahucio de una mujer de 87 años del apartamento donde residía alquilada desde hace siete décadas ha puesto el foco sobre la gravedad de la crisis de la vivienda en España.
Maricarmen, inquilina de un piso de 92 metros cuadrados en el acomodado barrio de Retiro, en el centro de Madrid, fue desalojada este miércoles al no poder hacer frente a la subida de alquiler exigida por la empresa de inversión propietaria del inmueble.
Después de un litigio de varios años en el que la justicia falló a favor de la empresa propietaria del inmueble, la comisión judicial ejecutó el desahucio al cuarto intento.
Maricarmen, que tiene movilidad reducida y una discapacidad del 50%, salió de la vivienda en camilla, fue trasladada al hospital y, tras una revisión médica, decidió alojarse con familiares.
Frente a la puerta del edificio, decenas de activistas se concentraron para intentar impedir el desahucio, mostrar su apoyo a la mujer y protestar contra la situación del mercado inmobiliario en España, marcada por un acceso cada vez más difícil a la vivienda y el encarecimiento de los alquileres.
Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, criticó: “Aquí se van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad y todo el mundo dice que es el de al lado”.
El caso de Maricarmen también ha puesto en el foco los llamados contratos de renta antigua, firmados hace décadas y sujetos a normas especiales sobre el precio del alquiler y su transmisión a los familiares del inquilino.
