La administración del presidente Donald Trump puso en vigor el pasado viernes una nueva normativa migratoria que amplía los criterios utilizados por las autoridades estadounidenses para determinar si una persona que solicita la residencia permanente podría convertirse en una denominada “carga pública”.
La medida, establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), reemplaza el marco adoptado durante la administración de Joe Biden en 2022 y permite una evaluación más amplia de la situación económica y personal de los solicitantes.
A partir del 18 de septiembre, USCIS puede considerar la utilización de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos, además de otros elementos relacionados con la posibilidad de que el solicitante dependa del Gobierno para cubrir sus necesidades básicas.
Entre los factores que deben ser analizados se encuentran la edad, el estado de salud, la situación familiar, los activos y recursos financieros, así como la educación y las habilidades laborales. La evaluación debe realizarse de manera individual y tomando en cuenta el conjunto de las circunstancias de cada caso.
La normativa afecta principalmente a las personas que buscan ajustar su estatus migratorio dentro de Estados Unidos mediante el formulario I-485 y que están sujetas al análisis de inadmisibilidad por “carga pública”.
El cambio ha provocado una disputa judicial. Gobiernos estatales y locales presentaron demandas ante tribunales federales para intentar bloquear la normativa, argumentando que amplía de manera indebida la capacidad del Gobierno para utilizar el acceso a programas públicos como elemento para rechazar solicitudes de residencia.
El Gobierno de Trump, por su parte, sostiene que la modificación busca recuperar el principio de autosuficiencia de los inmigrantes y evitar que personas que podrían depender de determinados beneficios públicos obtengan la residencia permanente.
