La persecución de civiles por razones políticas en Nicaragua constituye un crimen contra la humanidad, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre el país centroamericano, que han constatado casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y retirada indiscriminada de la nacionalidad, entre otros abusos.
El grupo ha concluido que no se trata de un fenómeno aislado, sino que “se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos”, en palabras del experto independiente Jan Simon.
“La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”, ha advertido.
Por ello, han reclamado a la comunidad internacional que impongan sanciones tanto contra dirigentes como contra instituciones, en la medida que hay un patrón claro para “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”. Señalan directamente al presidente, Daniel Ortega, y a su ‘número dos’ y esposa, Rosario Murillo.
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“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, ha advertido Simon en un comunicado.
Los expertos estiman que más de 3.100 organizaciones de la sociedad civil han cerrado desde el año 2018, mientras que prácticamente todos los medios independientes y las organizaciones que supervisan los Derechos Humanos operan desde el exterior.
La situación ha seguido empeorando en las últimas semanas, con la retirada de la nacionalidad de 300 personas catalogadas de “traidores a la patria” por las autoridades nicaragüenses. La experta Ángela María Buitrago ha afirmado que, para “acelerar” la utilización de las instituciones como “arma”, las autoridades “han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”, lo que ha llevado a que miles de personas se hayan visto “obligadas” a salir de Nicaragua.
En este sentido, han acusado a las autoridades de obstruir cualquier investigación sobre los abusos, parte de los cuales se remontan a la represión de las protestas de 2018, pese a que policías, funcionarios penitenciarios y milicianos aliados del Gobierno habrían cometido actos de tortura física y psicológica.
Simon ha subrayado que los abusos acreditados en el informe “dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables”, bien sea bajo el marco legal nicaragüense o el de terceros países. “Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción”, ha enfatizado.