La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como “única demanda”.
Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3,000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.
El expresidente Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. No obstante, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo “dos caminos” ante los conflictos, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.
