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Hunter Biden: adicción a las drogas y un arma

El juicio contra el hijo del presidente estadounidense se desarrolla en plena campaña presidencial

Monserrat Alzamora

Por Monserrat Alzamora

Hunter Biden (i), hijo del presidente de EE.UU. Joe Biden, y su esposa Melissa Cohen Biden (d). EFE/MICHAEL REYNOLDS (MICHAEL REYNOLDS/EFE)

El juicio contra Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el pasado lunes en un tribunal federal de Wilmington, Delaware. Hunter, de 54 años, está acusado de tres delitos relacionados con la compra de un arma de fuego: declaración falsa al comprar un arma de fuego, declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego.

Este juicio es histórico porque es la primera vez que el hijo de un presidente en funciones se enfrenta a los tribunales. El caso se originó el 12 de octubre de 2018, cuando Hunter Biden compró un revólver Colt Cobra 38SPL en una tienda de armas de fuego. Al rellenar el formulario de compra, marcó con una equis en la casilla que indicaba no ser consumidor ilegal o adicto a drogas, aunque en realidad lo era. Hunter estuvo en posesión del arma durante 11 días, hasta que finalmente fue encontrada en el basurero en un supermercado.

Hunter Biden se ha declarado no culpable y sostiene que es víctima de una persecución política por parte del Departamento de Justicia. Los fiscales argumentan que Hunter era consumidor de drogas y adicto cuando compró el revólver y que su mentira en el formulario fue relevante para la compra. El juicio es especialmente relevante debido a que se desarrolla en plena coyuntura electoral, con Joe Biden, aspirando a la reelección. Los republicanos han utilizado este caso como arma política contra su padre, lo que podría perjudicar la campaña demócrata.

Se espera que el juicio termine en un par de semanas. De ser declarado culpable, Hunter enfrenta una condena de hasta 25 años de cárcel por los tres delitos y multas que podrían llegar hasta los 250 mil dólares por cada uno de los delitos. También se le puede imponer hasta tres años de libertad vigilada.