La Procuraduría General de Colombia ha anunciado este jueves que la puesta en marcha de una investigación contra seis generales del Ejército por la masacre de once civiles en una zona rural en Putumayo (suroeste) el 28 de marzo de 2022 y por la cual el exministro de Defensa Diego Molano se enfrentó a una moción de censura.
“Podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares” en la muerte de once civiles durante el operativo que tuvo lugar ese día en la vereda de El Alto Remanso, en el municipio putumayense de Puerto Leguízamo, señala el comunicado de la Procuraduría.
A su vez, el organismo ha detallado que está colaborando con la Fiscalía General para llevar a cabo más inspecciones sobre los procesos penales y disciplinarios en curso para poder recabar mayor número de pruebas sobre lo que ocurrió durante aquel operativo, defendido en todo momento por el anterior gobierno de Iván Duque.
El Ejército siempre sostuvo que las víctimas, entre ellas un menor de 16 años y un líder indígena, formaban parte de una sección de la Segunda Marquetalia una de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC. Una versión rechazada por organizaciones de la sociedad civil y grupos locales de Derechos Humanos que denunciaron lo ocurrido como un nuevo caso de ‘falsos positivos’.
LEA TAMBIÉN: Corea del Sur alerta sobre la carrera nuclear de su vecino Corea del Norte
Estas organizaciones explicaron que la constante presencia de los militares en la zona provocó que la Fiscalía no pudiera iniciar con prontitud y precisión las investigaciones, con las irregularidades que ello conlleva, y que los testigos se vieron obligados a prestar declaración ante la mirada atenta del Ejército.
El gobierno de Duque, que ya había sido cuestionada por otros operativos que se saldaron con la muerte de civiles --entre ellos menores--, alegó que esta operación tenía como objetivo dos supuestos comandantes de este grupo armado, Emilio Loaiza Quiñónez, alias ‘Bruno’, y Enuar Ojeda Sánchez, alias ‘Managua’. Sin embargo, las denuncias de las organizaciones locales motivaron a las autoridades fiscales a iniciar una investigación.
En el Congreso, la oposición de entonces presentó una moción de censura contra el exministro de Defensa Diego Molano, la segunda a la que se enfrentó y de la que también logró salir airoso.