El Salvador arrancó esta semana uno de los procesos judiciales más grandes de su historia reciente. Desde este lunes, un total de 486 personas acusadas de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) enfrentan un juicio masivo que marca un nuevo capítulo en la ofensiva del Estado contra las pandillas.
La Fiscalía General de la República confirmó que entre los imputados figuran varios fundadores y cabecillas de esta organización criminal, considerada durante años como una de las más violentas de la región centroamericana.
Según el Ministerio Público, los acusados están vinculados a múltiples delitos graves, entre ellos el haber ordenado el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022, un episodio que estremeció al país y generó una reacción inmediata del Gobierno.
Aquella ola de violencia fue el detonante para que el presidente Nayib Bukele declarara una “guerra” frontal contra las pandillas y solicitara a la Asamblea Legislativa la aprobación de un régimen de excepción. Esta medida, que ya suma cuatro años en vigor, ha permitido la detención de más de 91 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales.
Bajo este estado de emergencia, las autoridades ampliaron sus facultades para realizar arrestos sin orden judicial y limitar ciertos derechos constitucionales, con el objetivo de desarticular las estructuras criminales.
Sin embargo, el régimen ha sido objeto de fuertes críticas. Organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, han advertido sobre presuntas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, lo que mantiene el debate abierto sobre el balance entre seguridad y derechos fundamentales.
