La candidata conservadora Keiko Fujimori pisa los talones de Pedro Castillo, según las últimas encuestas publicadas a un mes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. A pesar de que el candidato populista de izquierdas aún encabeza todos los sondeos, la líder del fujimorismo ha logrado recortar una distancia que a mediados de abril era de hasta 20 puntos. Las dos últimas encuestas sitúan a Castillo con un 36-34% en intención de voto frente a un 32-30% de Fujimori.
La jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, Patricia Zárate, explica que Fujimori, acusada de lavado de activos y organización criminal, ha realizado más cambios en su estrategia de campaña respecto a la primera vuelta y “cuenta con el acompañamiento de todos los medios de comunicación”. La candidata conservadora es la tercera vez que pasa a una segunda vuelta en Perú, pero el amplio rechazo que genera su figura, como representante del fujimorismo, la llevó a perder en las dos ocasiones anteriores. Para vencer las resistencias, la excongresista ha decidido abandonar después de la cita con las urnas del 11 de abril, en la que quedó en segundo lugar, el color naranja de su grupo político para hacer campaña con la camiseta de la selección peruana de fútbol.
Fujimori lucha por reunir bajo sus siglas todo el voto conservador y anticastillo para llegar esta vez a la presidencia. Durante la campaña ha alentado que el voto por el maestro y sindicalista conduciría al desastre económico y al comunismo, como en Venezuela o Cuba. A la vez, ha abandonado las menciones a los supuestos logros del Gobierno de su padre en los años noventa, eje sobre el que giró su campaña para la primera vuelta, en la que abrazó el mensaje de recuperar la “mano dura”.
La reducción de la amplia ventaja que tenía Castillo hace un par de semanas en los sondeos preocupa a los familiares de los desaparecidos durante el régimen de Alberto Fujimori, las víctimas de esterilizaciones forzadas y a activistas de derechos humanos y de pueblos indígenas. Este martes, la Asociación de Mujeres Peruana Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) hizo un plantón en la explanada del Palacio de Justicia en Lima para rechazar el compromiso de la candidata presidencial de indultar a su padre si llega a la presidencia.
“No vamos a aceptarla si ganara la presidencia. Ella fue parte de esto porque fue primera dama del Gobierno de su padre”, cuestionó María Elena Carbajal, presidenta de la asociación que representa a miles de víctimas de la ligadura de trompas sin consentimiento que se llevó a cabo como una política de planificación familiar del Gobierno de Fujimori y que afectó principalmente a mujeres quechua-hablantes.
Un fiscal acusó el pasado marzo a Fujimori y a tres de sus exministros de Salud de más de 1.300 casos de mujeres esterilizadas contra su voluntad, aunque se estima que las víctimas fueron cerca de 300.000 personas, incluidos varones. El autócrata cumple actualmente una condena de 25 años de prisión por delitos de corrupción y por la muerte y desaparición forzada de ciudadanos, considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos durante su Gobierno en 1991 y 1992.
Activistas de derechos humanos y ciudadanos que fueron víctimas de la persecución y la violencia durante el régimen fujimorista también se han movilizado en una campaña para alertar de que la candidatura de Fujimori representa “la corrupción y el crimen organizado, y el intento de injerencia en la justicia peruana”. El viernes y el sábado organizaron vigilias en diez distritos de Lima y en Cusco con el lema “Keiko no va”.
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La Fiscalía ha pedido para la líder de Fuerza Popular 30 años de prisión por lavado de activos, obstrucción a la justicia y organización criminal por los aportes millonarios no declarados a las autoridades electorales en sus campañas a la presidencia en 2011 y 2016. Representantes de la constructora brasileña Odebrecht y del principal grupo financiero peruano han aportado pruebas a la Fiscalía de que entregaron esos fondos. Un juez debe decidir en los próximos meses si abre juicio oral contra la candidata, aunque si gana los comicios el caso quedaría en suspenso.
Este domingo, Fujimori firmó un compromiso con la democracia promovido por organismos de la sociedad civil y las iglesias católica y evangélica. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú rechazó el acto este lunes. “Puede jurar cualquier cosa que le presenten, no lo va a cumplir. Keiko Fujimori no solo niega que el régimen de su padre fue una dictadura, sino que reivindica cada acto que perpetró”, sostiene en un comunicado.
Fuente: El País