El Gobierno argentino, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la decisión de dar de baja la jubilación de privilegio y la pensión que recibía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida, que incluye tanto la asignación personal de Cristina como la pensión derivada de su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, representa un ahorro de 21.827.624 pesos mensuales para el Estado.
La decisión se tomó tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad por parte de la Cámara de Casación Penal. El gobierno argumenta que el beneficio previsto por ley para expresidentes se otorga como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño en el cargo, condiciones que, según el Ejecutivo, no se cumplen en este caso debido a la condena por corrupción.
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En respuesta, Cristina Kirchner publicó un comunicado en sus redes sociales criticando duramente al presidente Javier Milei. Lo acusó de actuar como un “pequeño dictadorzuelo” y de querer crear un “Tribunal de Honor” para juzgar a los expresidentes, cuestionando la legalidad y legitimidad de la medida. Además, advirtió que los argentinos que votaron a Milei “no les va a alcanzar la vida para arrepentirse”.
Esta decisión del gobierno ha generado un fuerte debate político y jurídico en Argentina, con opiniones divididas sobre su legalidad y las posibles consecuencias que podría tener en el futuro.