Nicaragua se encamina hacia otro giro en sus reglas políticas. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, tiene previsto aprobar el próximo 21 de septiembre, en primera legislatura, una reforma constitucional que impedirá participar en elecciones a opositores desnacionalizados y señalados por las autoridades como “traidores a la patria”. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, anunció la fecha mientras avanzan las consultas sobre las enmiendas, que concluirían el 1 de septiembre. La iniciativa llega después de que Daniel Ortega afirmara públicamente que en el país “no volverá a haber elecciones”.
Reforma necesita dos aprobaciones
El cambio constitucional no entrará en vigor inmediatamente después de la votación de septiembre. De acuerdo con EFE, deberá superar dos legislaturas diferentes: una primera aprobación y posteriormente una ratificación durante la legislatura de 2027, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre.
La Asamblea Nacional ha explicado que la reforma abarca 14 artículos de la Constitución. Entre sus puntos está restringir los derechos políticos de quienes sean considerados “golpistas” o “traidores a la patria”, impidiéndoles ser candidatos. También se plantean períodos de siete años para cargos de elección popular.
Las palabras de Ortega encendieron las alarmas
La nueva ofensiva legislativa tomó fuerza después de las declaraciones de Ortega durante la conmemoración de la Revolución Sandinista del 19 de julio.
El mandatario aseguró que en Nicaragua no volvería a haber elecciones para que la oposición intentara alcanzar el Gobierno. Posteriormente, Porras matizó que sí habría procesos electorales, pero bajo nuevas reglas destinadas, según el oficialismo, a impedir la “injerencia extranjera”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó tanto las declaraciones como la reforma y advirtió que los cambios restringirían la competencia política y las condiciones necesarias para la alternancia democrática.
La CIDH cuestionó los cambios constitucionales y advirtió sobre posibles restricciones a la competencia y alternancia política en Nicaragua. / AFP via Getty ImagesUn sistema político que ya fue reformado
Nicaragua atravesó en 2025 una profunda modificación constitucional. Aquellos cambios ampliaron de cinco a seis años el período presidencial, establecieron la figura de la copresidencia y reforzaron las atribuciones del Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado. Rosario Murillo pasó a ejercer como copresidenta junto a Ortega.
Las elecciones generales originalmente correspondían a noviembre de 2026, pero la ampliación del mandato trasladó el calendario electoral, en teoría, a noviembre de 2027.
¿Qué pasará con las elecciones en Nicaragua?
La votación del 21 de septiembre será apenas una etapa de un proceso que puede cambiar todavía más el escenario político nicaragüense. Si la reforma completa las dos aprobaciones requeridas, las restricciones contra opositores considerados “traidores a la patria” pasarán al marco constitucional.
El punto clave estará en quién puede competir y bajo qué condiciones. Mientras el oficialismo presenta los cambios como una defensa de la soberanía, organismos internacionales advierten sobre sus efectos en la competencia y alternancia política. El debate continuará camino a 2027.
