El reciente desastre natural que golpeó Corea del Norte dejó a miles de familias en duelo y a otras miles desplazadas. Kim Jong-un, conocido por su mano dura, ordenó la ejecución de al menos 30 funcionarios acusados de negligencia, luego de las devastadoras inundaciones que azotaron el país en julio.
El dictador norcoreano no escatimó en medidas drásticas, culpando a sus propios oficiales por la mala gestión de la crisis que dejó entre 4.000 y 5.000 víctimas mortales. Estas lluvias torrenciales inundaron vastas áreas en las provincias fronterizas con China, destruyendo más de 4.000 edificios y miles de hectáreas de tierras agrícolas.
La cadena surcoreana TV Chosun reportó que los ejecutados fueron acusados de corrupción y de fallar en su deber de proteger al pueblo norcoreano. El régimen de Kim ha sido claro: no se tolerarán más errores de este tipo. Los funcionarios del Partido en la provincia de Chagang, junto con el Ministro de Seguridad Pública, fueron destituidos de inmediato. Además, se ha rechazado la ayuda internacional, prefiriendo trasladar a los desplazados a la capital mientras se planifica la reconstrucción.
Sin embargo, Kim Jong-un ha negado las cifras de muertos reportadas por medios surcoreanos, minimizando la magnitud de la tragedia. Las ejecuciones públicas no son raras en Corea del Norte, y este nuevo episodio muestra el endurecimiento de las medidas bajo el régimen de Kim, especialmente en tiempos de crisis.