El Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad, como parte de una estrategia destinada a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir las actividades de organizaciones criminales que operarían desde las cárceles.
La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, publicado el sábado 5 de septiembre, tendrá una vigencia de 60 días calendario. Los penales incluidos son Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La intervención también comprende el perímetro exterior de los establecimientos penitenciarios hasta un radio de 200 metros desde sus límites.
De acuerdo con la norma, las fuerzas de seguridad podrán realizar operativos permanentes destinados a reforzar la vigilancia, impedir el ingreso de armas y otros objetos prohibidos y desarrollar acciones de inteligencia para prevenir fugas, alteraciones del orden y actividades delictivas.
La declaratoria también establece restricciones sobre determinados derechos constitucionales dentro del perímetro establecido. Durante la vigencia de la emergencia, podrán suspenderse o restringirse la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales de quienes ingresen o circulen por los establecimientos y sus alrededores.
El Gobierno sostiene que la decisión responde a la necesidad de reforzar el control penitenciario ante la actividad de organizaciones criminales vinculadas con delitos como extorsión y sicariato. Según información difundida sobre el decreto, los cinco penales concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales.
Además de la vigilancia terrestre, las autoridades contemplan acciones de seguridad sobre el espacio aéreo y el espectro electromagnético en las inmediaciones de los centros penitenciarios, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continuará a cargo de la administración y custodia interna de los penales.
