Al menos 19 presos murieron y varios resultaron heridos anoche en una reyerta en un centro penitenciario de El Porvenir, en el departamento de Francisco Morazán de Honduras, en otro episodio de violencia carcelaria extrema que provocó el llamado de la ONU al Gobierno para que respete los derechos humanos de los reclusos.
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Las muertes ocurren dos días después de que otros 20 presos fallecieran como resultado de una lucha de poder entre reclusos en la cárcel hondureña de Tela, informaron hoy medios locales y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).
Con este último suceso, la cifra de homicidios dentro de cárceles de Honduras asciende a 57 en lo que va de 2019, lo que lo convierte en uno de los años más violentos en el sistema penitenciario del país centroamericano.
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De estos, 46 ocurrieron sólo en diciembre, mientras que el Gobierno declaró el miércoles pasado el estado de emergencia en el sistema penitenciario y trasladó el control de las prisiones amilitares y policías con el objetivo de frenar una escalada de crímenes producto del hacinamiento en en 28 centros en los que alojan a unos 21.731 internos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos expresó hoy su preocupación por los episodios de violencia e instó al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a respetar los derechos de los reclusos, reseña La Voz.
La entidad de las Naciones Unidas indicó en un comunicado que "está gravemente preocupada por los hechos suscitados los últimos días en diferentes centros penales del país que han dejado como consecuencia luto en varias familias hondureñas".
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Señaló que "observa con alarma la violencia dentro de los centros penitenciarios"y llamó al gobierno "a proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente" para esclarecer los hechos, citó la agencia de noticias EFE.
Diversos organismos de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones la grave situación de los centros penitenciarios del país, aquejados de problemas de infraestructura, superpoblación y un número de presos en detención preventiva que supera al de los condenados.