La Asociación de Abogadas Feministas de Panamá (Afempa) acusó a las autoridades del país de incurrir en un supuesto abuso policial y judicial por la detención de tres jóvenes, a quienes impusieron multas de hasta mil dólares, cuando protestaban contra el fallo que exoneró de cargos de violación al diputado oficialista, Arquesio Arias.
“La multa que les impusieron es excesiva, no se hizo uso de la fuerza ni se dañó ningún tipo de propiedad privada. Es un mecanismo para criminalizar la protesta y demostrar que el único que puede ejercer fuerza válida es la Policía y el Estado”, dijo la abogada de los sancionados, Claudia Vidal.
Los jóvenes fueron llevados a la comisaría por “tirar huevos, tirar la valla y utilizar pintura”, según Vidal, pero la jueza de Paz que les impuso las sanciones monetarias “se tomó el trabajo de leerles la descripción del delito de atentar contra la autoridad, cuando esa no es su competencia”.
En un comunicado, la Afempa detalló que un Juzgado de Paz impuso a los tres jóvenes, menores de 25 años, sanciones de entre 300 y mil dólares “por ejercer su derecho a la protesta, mismo que está consagrado dentro de las garantías fundamentales establecidas en la Constitución”.
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Este viernes se interpondrá una “apelación a dicha resolución” con el fin de buscar “el resultado más favorable para” los representados, quienes cometieron “una simple falta administrativa”, según la defensa.
“Es lamentable y bochornoso que la Justicia sea utilizada para intimidar y violentar a las personas vulnerables y en este caso, a jóvenes que pertenecen a distintos movimientos sociales que luchan por el acceso a una vida digna libre y por el efectivo cumplimiento de la justicia en el país”, indicó la Afempa.
El pasado lunes, los tres jóvenes fueron detenidos por “alterar el orden público” mientras se manifestaban en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró “no culpable” al diputado Arias, imputado por los cargos de violación carnal y actos libidinosos en perjuicio de dos mujeres, una de ellas menor de edad.
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El fallo levantó fuertes críticas de sectores sociales y políticos contra la Corte Suprema y revivió las denuncias sobre una profunda y prolongada crisis en el sistema judicial del país.
Esta misma semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo en un informe que en Panamá se ha registrado un “incremento de acciones policiales en la represión de las protestas ciudadanas, que impiden el libre y pacífico desarrollo de estas”.