Las máximas autoridades de la Iglesia católica panameña se mantenían, la mañana de este martes 4 de abril, pendientes de la condición del sacerdote Dioniciano Alarcón, quien la noche del lunes fue expulsado de Nicaragua luego de promovió una procesión fuera de la parroquia donde realiza su misión, en el municipio de San José de Cusmapa, en el departamento de Madriz, a unos 248 kilómetros de distancia de Managua, la capital.
El gobierno nicaragüense encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo prohibió los ritos y ceremonias de Semana Santa en las calles, luego de la ruptura diplomática con el Vaticano y los enfrentamientos verbales con el papa Francisco que hasta llegó a considerarlos una “dictadura grosera”.
El padre Alarcón, de la orden Claretiana, fue sacado del país y dejado en una comunidad de la frontera con Honduras, según trascendió. Se prevé que en las próximas horas las autoridades eclesiales panameñas se pronuncien sobre esta acción y qué ocurrirá con el clérigo.
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A mediados de marzo, el Gobierno de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, prohibió a la Iglesia sacar a los santos a las calles desde febrero pasado, cuando no les autorizó a celebrar las procesiones de viacrucis durante la Cuaresma.
La orden policial fue adoptada después de que el presidente de Nicaragua y jefe supremo de la Policía Nacional, Daniel Ortega, tildara de “mafia” a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco.
El Vaticano cerró su sede diplomática en Nicaragua, y su encargado de negocios en Managua, monseñor Marcel Diouf, abandonó el país centroamericano, luego de que el Gobierno de Ortega informara “que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas”.
El Gobierno sandinista condenó al obispo nicaragüense Rolando Álvarez a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”, y ha expulsado a otros religiosos.
Con datos de la agencia EFE