En medio de la agitación generada por la controversia en torno a la entrega de auxilios económicos por parte del Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha emergido como una figura central. La Antai ha afirmado que toda información relacionada con el uso y la disposición de fondos estatales es de carácter público, estableciendo así una clara directriz en este debate candente.
Recientemente, este medio consultó a la Antai para indagar sobre las acciones adoptadas con respecto a la controvertida entrega de auxilios económicos. La entidad respondió destacando la emisión de la Resolución No. ANTAI-AL-037-2023 el 3 de febrero de 2023. Esta resolución subraya que el Ifarhu tiene la obligación legal de proporcionar información detallada sobre sus operaciones y actividades, incluyendo todos los programas ejecutados. Sin embargo, la Antai no especificó si ha llevado a cabo gestiones adicionales para garantizar el cumplimiento por parte del Ifarhu de la Ley de Transparencia.
Es importante destacar que el Ifarhu ha hecho caso omiso de las advertencias y obligaciones establecidas por la Antai en cuanto a la divulgación de información sobre el funcionamiento y los beneficiarios de sus programas de asistencia educativa, incluidos los auxilios no reembolsables.
En relación con la Contraloría General de la República, la Antai ha tomado medidas adicionales. Mediante la Resolución de 27 de octubre de 2022, la Antai solicitó a la Contraloría realizar una auditoría específica al Programa de Auxilios Económicos del Ifarhu, ya que carece de competencia directa para llevar a cabo esta acción. Posteriormente, a través de la Resolución No. ANTAI-OAL-468-2023 del 23 de noviembre de 2023, la Antai requirió a la Contraloría un informe sobre el estado de la auditoría solicitada. La respuesta de la Contraloría sugiere que la denuncia está en trámite en la Dirección Nacional de Participación Ciudadana, la cual se encarga de gestionar las denuncias ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
Sin embargo, hay preocupación en la opinión pública en cuanto al actuar de la Contraloría, dado que el contralor Gerardo Solís anunció recientemente que no publicará los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos en el sitio web de la entidad. Esta decisión se sustenta, según el contralor, en fallos de la Corte Suprema de Justicia que otorgan al contralor la facultad discrecional de declarar como reservada información que considere confidencial.
En un momento crucial, el 3 de febrero de 2023, la directora de la Antai, Elsa Fernández, ordenó al Ifarhu derogar una resolución que declaraba como “datos confidenciales” la información sobre el otorgamiento de beneficios económicos, estableciendo así un precedente significativo en favor de la transparencia y el acceso a la información pública.
En conclusión, la controversia en torno a los auxilios económicos proporcionados por el Ifarhu ha puesto de relieve el papel fundamental de la Antai en promover la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos estatales. Aunque se han tomado medidas significativas, la falta de cumplimiento por parte de las entidades involucradas plantea desafíos persistentes en el camino hacia una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.