Con un población penitenciaria superior a los 18 mil privados de libertad, lo que representa una sobrepoblación del 30%, la reducción del hacinamiento en las cárceles es uno de los objetivos de las autoridades nacionales.
Por ello, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias (presidenta), Maribel Cornejo Batista y José Ayú Prado, presentaron ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley “Que adiciona disposiciones a la Ley 4 de 2017, que reforma el Código Judicial, Código Penal y Código Procesal Penal, sobre medidas que evitan el hacinamiento en los centros penitenciarios”.
En su comparecencia al pleno la tarde de este lunes, la magistrada López Arias expresó que: “La realidad penitenciaria panameña es motivo de inquietud para el pleno de la Corte Suprema de Justicia; ya que aún un grupo de personas privadas de su libertad, bajo el sistema del Libro III del Código Judicial de 1986, lo están, sin que exista la certeza de una sentencia condenatoria en firme en su contra”.
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Acotó que con los ajustes que se presentan en este proyecto de ley se busca aumentar el mínimo de la penalidad en la condena de segunda instancia, de 2 años a 5 años, para que se pueda presentar un recurso de casación; y, homologando lo que ocurre en la jurisdicción civil en cuanto a los recursos de casación, que la celebración de la audiencia queda a iniciativa del recurrente y de las partes.
“De esta manera, se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pueda optimizar su recurso humano y sus materiales, para lograr la resolución de la mayor cantidad de recursos de casación en materia criminal que se presenten, además de optimizar el tiempo y la debida atención a los usuarios”, recalcó.
Estos ajustes que se plantean dejarán de tener vigencia con la decisión del recurso de casación del último proceso penal iniciado bajo el Libro III del Código Judicial de 1986, que se espera sea muy pronto.