Un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendido en la provincia de Chiriquí por presuntamente cobrar pagos irregulares a representantes legales de una empresa, a cambio de facilitarles ciertos trámites administrativos.
La captura se realizó en el sector de La Esperanza, distrito de Barú, durante un operativo desarrollado por unidades de la Dirección de Inteligencia e Investigación (DII) del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en el marco de la Operación Relámpago, que mantiene seguimiento a casos de corrupción en el sector público.
De acuerdo con el informe oficial, el funcionario de 46 años fue sorprendido en flagrancia, presuntamente mientras negociaba los supuestos pagos irregulares.
En la diligencia, los agentes decomisaron B/.800.00 en efectivo, además de documentación clave que podría servir como evidencia en el proceso judicial.
El Senafront detalló que el funcionario se valía de su cargo para solicitar dinero a una empresa con la promesa de agilizar o favorecer trámites administrativos, lo que constituye el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos.Tras su aprehensión, el hombre y los elementos decomisados fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que ahora lidera las investigaciones para determinar el alcance de los hechos y si existen otros involucrados.
La operación, que forma parte de las acciones coordinadas por las autoridades de seguridad para combatir prácticas de corrupción en instituciones del Estado, busca reforzar la transparencia y sancionar a quienes utilicen cargos públicos para beneficio personal.
Aunque no se han revelado más detalles sobre la empresa afectada ni el cargo específico del funcionario dentro de la CSS, las autoridades confirmaron que se continuará con las diligencias para esclarecer el caso.
El decomiso del dinero y los documentos refuerza las sospechas sobre una posible red de favores o cobros indebidos dentro del ámbito administrativo, tema que mantiene bajo la lupa a varias instituciones públicas en el país.
Con esta aprehensión, las autoridades enviaron un mensaje claro: ningún funcionario está por encima de la ley, y las prácticas de corrupción seguirán siendo perseguidas en cualquier nivel del aparato estatal.
