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Comunidad Indígena en Guna Yala no quiere que el diputado perredista Arquesio Arias se aparezca por allá ni en broma

Las autoridades indígenas de Armila, en la comarca Guna Yala, han tomado una medida contundente al prohibir el ingreso a la comunidad al diputado perredista Arquesio Arias y a su suplente Higinio Bechiman.

Redacción Mi Diario

Por Redacción Mi Diario

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Las autoridades indígenas de Armila, en la comarca Guna Yala, han tomado una medida contundente al prohibir el ingreso a la comunidad al diputado perredista Arquesio Arias y a su suplente Higinio Bechiman. Esta decisión fue comunicada mediante una nota fechada el 5 de marzo y firmada por Carlos López, la máxima autoridad de Armila.

La medida se ha tomado debido al incumplimiento de las promesas por parte del diputado Arias, quien no ha llevado a cabo proyectos de ley ni ejecutado obras en beneficio de la comunidad, como había comprometido anteriormente.

Esta no es la primera vez que el diputado Arias enfrenta este tipo de restricciones en la comarca Guna Yala. En octubre de 2023, el Congreso General Guna emitió una resolución declarándolo persona non grata, junto con la también diputada perredista Petita Ayarza. Esta medida se tomó como una “condena moral” por haber votado a favor del contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Anelio López, encargado de comunicación del Congreso General Guna, explicó que además de esta condena moral, ambos diputados recibieron sanciones políticas y económicas. Se les retiraron los permisos para realizar actividades comerciales dentro de la comarca y llevar a cabo campañas políticas en las comunidades indígenas de la zona, por un período de cinco años.

Mientras que Ayarza no fue electa durante las primarias del PRD, fue postulada como diputada para el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Por su parte, al diputado Arias, el partido le reservó una curul con el fin de que busque la reelección en las elecciones generales de 2024.

Estas medidas reflejan el descontento y la falta de confianza de la comunidad indígena hacia sus representantes políticos, así como la exigencia de un compromiso real y tangible con el bienestar de la comunidad.