La Contraloría General de la República interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, tras detectar posibles irregularidades en una auditoría practicada al contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC).
La acción legal, presentada este martes 17 de noviembre a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la entidad fiscalizadora, apunta tanto contra la sociedad Panama Ports Company, S.A., como contra quienes fungieron como administradores generales y miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre los años 2014 y 2023.
De acuerdo con el comunicado oficial divulgado este miércoles 18 de noviembre, los hallazgos se desprenden del Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997 y sus respectivas adendas.
El examen de la Contraloría evaluó el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, fiscalizando las cifras reportadas en los estados financieros de la concesionaria portuaria y verificando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La entidad subrayó que la denuncia busca cumplir con el deber legal de los servidores públicos de reportar hechos que puedan revestir características de delito en el ejercicio de sus funciones. Ahora corresponderá al Ministerio Público adelantar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades penales e individualizar a los posibles implicados en el manejo y fiscalización de esta concesión estatal.


