El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd sustentó ante el Consejo de Gabinete el nuevo contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá S.A., el que a su vez le autorizó firmar en representación del Estado.
Durante su intervención, Alfaro Boyd destacó que: “no cabe la menor duda que este contrato es un triunfo histórico para Panamá. Es dramáticamente mejor en todo aspecto que el Contrato-Ley No. 9 de 1997 asegurando un pago mínimo garantizado de B/.375 millones al Estado, lo que se traduce en una compensación justa por los recursos naturales del pueblo panameño”.
El nuevo contrato con la empresa Minera Panamá S.A. que establece una regalía del 12% al 16% de la ganancia bruta y un pago mínimo de B/. 375,000,000 a Panamá, también contempla mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el Estado.
El ministro Alfaro Boyd también resaltó que producto de la consulta pública realizada del 22 de marzo al 24 de abril de 2023, se incluyó dentro del contrato al distrito de La Pintada como beneficiario del Fideicomiso, además de Donoso y Omar Torrijos y se modificó la forma de designación de Directivos y la duración del periodo de los mismos.
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Los directivos serán los representantes electos del área y ministros de Estado, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con la transparencia y el manejo de los recursos del Estado.
Luego de la aprobación por parte del Consejo de Gabinete, se procederá con la firma del documento en los próximos días por el ministro Alfaro Boyd y Manuel Aizpurúa, representante legal de Minera Panamá.
El contrato será remitido a la Contraloría General de la República para su refrendo y posteriormente será presentado ante la Asamblea Nacional para su debida aprobación, de ser aprobado el contrato ley, se presentará al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen para su sanción y promulgación de la ley.
La aprobación en Consejo de Gabinete se da en medio de las crecientes críticas a la actividad minera en todo el país. Además del pronunciamiento por parte de diputados del partido en el poder que han solicitado su rechazo una vez llegue a la Asamblea Nacional.