Tal como lo solicitó el abogado Ernesto Cedeño, quien demandó el Acuerdo Municipal N° 142 del 2 de agosto de 2022 que establece un nuevo cobro de impuestos a los comercios de la capital, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la tarde de este viernes 10 de febrero suspender provisionalmente los efectos del séptimo, octavo y noveno artículo de la citada disposición.
Al adoptar su decisión, que como bien se dijo es provisional y no aborda el fondo del pedido, la Sala Tercera estima que “la actuación demandada pudiera ocasionar perjuicios a la colectividad, pues resulta claro que el Acuerdo N° 142 de 2 de agosto de 2022 incrementa de forma directa y en grado exponencial los impuestos municipales que deberán pagar los contribuyentes del distrito de Panamá a partir del mes de enero de 2023, lo cual podría incidir gravemente en la situación económica de los habitantes del Municipio de Panamá”.
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Agrega la resolución que: “Es preciso destacar que, en el caso que nos ocupa, la medida de suspensión provisional a que accede la Sala, obedece al cumplimiento prima facie de los requisitos exigidos tanto por la ley como por la jurisprudencia, los cuales se han podido constatar de los elementos probatorios aportados hasta el momento, que parecieran demostrar que el acto administrativo cuyos efectos se pretenden suspender, está rodeado de ciertos elementos que pudiesen afectar su legalidad”.
La Sala Tercera ya le envió una nota a la presidenta del Consejo Municipal, Yoira Perea, una nota en la que le pide explicaciones sobre el acto administrativo que derivó en la aprobación del Acuerdo demandado. Para ello otorgó plazo hasta el miércoles 15 de febrero para que se remita respuestas.
Este viernes 10, la Procuraduría de la Administración se sumó a esta petición, pero para el alcalde José Luis Fábrega, a quien solicitó que, en un plazo de cinco días hábiles, remita un informe explicativo sobre si realizó o llevó a cabo consultas ciudadanas o dio participación a la comunidad frente a los supuestos aumentos o incrementos en los tributos municipales.
Según el procurador de la Administración, Rigoberto González, esta petición se hace en razón de que la entidad a su cargo es la encargada de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y vigilar la conducta oficial de estos, así como de sus desempeños y deberes.
Este viernes, luego de haber guardado silencio, el alcalde Fábrega reapareció y dijo que defenderá la reestructuración de los impuestos, porque elimina una carga a los comerciantes chicos. Negó que el acuerdo haya sido impuesto y metido como un gol, además de que sea un aumento generalizado.