La salida de Rosario Turner e Inés Samudio del gabinete del presidente Laurentino Nito” Cortizo ha desencadenado una serie de comentario negativos, pues dos plazas fueron reemplazada por hombres, cuando una de las promesas del presidente era tener una igualdad en los nombramientos.
Una serie de Organizaciones de Mujeres han presentado un comunicado donde expresan lo siguiente: “Previo a las pasadas elecciones para el periodo 2019-2024, un conjunto de organizaciones de mujeres presentamos al país y a las distintas nóminas a la presidencia de la República El V Pacto de Mujeres Desarrollo e Igualdad -Agenda de las Mujeres 2019-2024. Dicho pacto fue avalado y firmado por las candidaturas presidenciales y, personalmente por el señor Laurentino Cortizo Cohen, actual Presidente de la República.
El V pacto indica en lo relativo a mujeres a cargos públicos de alto nivel: “Nombrar paritariamente en las posiciones de alto nivel del Estado panameño a mujeres y hombres con probadas capacidades, experiencias y compromiso con la igualdad”. El cual se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible # 5 que indica “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, responsabilidad y compromiso que el Estado panameño debe cumplir.
Apenas a un año de administración, lamentamos la gran disparidad en la asignación de cargos públicos que desfavorecen a las mujeres, hecho que se profundiza hoy con la actual eliminación de tres mujeres profesionales con experiencias, competencias y capacidad asignadas a las carteras de Salud, Vivienda y Desarrollo Social.
Sumado a este hecho violatorio de convenciones y leyes nacionales en pro de la no discriminación en razón de género, se anuncia la constitución de un grupo para la consulta en materia de salud, con la participación del 90 por ciento de hombres, similar caso observamos en la convocatoria para la mesa de reactivación económica.
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Esta penosa asignación es una forma de negar las capacidades, responsabilidad y compromisos de las mujeres en el país. Particularmente en el sector salud donde existen una alta cantidad de mujeres profesionales entregadas al servicio del cuidado de la población, vía de ejemplo, las enfermeras que representan el 90 por ciento de las funcionarias del sector salud.
La acción del ejecutivo no es aceptable porque niega el derecho a las mujeres profesionales de servir a su país en cargos de alto nivel. No es democrático porque, viola legislaciones tales como La LEY 4 de 1999 sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Esperamos se escuche las demandas de las mujeres y exhortamos a que organismos de derechos humanos, de la sociedad civil, y nacionales como el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y otros vinculantes hagan sus pronunciamientos al respecto solicitando justicia para las mujeres en la distribución del poder político. Le daremos seguimiento a los resultados.