La Contraloría General de la República ha sido objeto de intensa controversia debido a la gestión del contralor, Gerardo Solís, y su manejo de la transparencia y la rendición de cuentas. Esta situación ha generado un debate acalorado sobre su compromiso con la integridad institucional y el control efectivo de los recursos públicos. Voces críticas, como la de Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz, lo han descrito como un “operador político”.
La gestión de Solís se ha caracterizado por la ocultación de auditorías y la negativa a llevar a cabo investigaciones pertinentes. Además, la Contraloría ha eliminado nombres de registros oficiales, lo que ha alimentado aún más las críticas. En el último escándalo, se reveló que la Contraloría no hizo públicos más del 50% de los beneficiarios de los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Estos auxilios económicos, manejados por el Ifarhu, que ha sido considerado como un brazo político del Ejecutivo, suman una cantidad significativa: $2,210.5 millones de presupuesto en este quinquenio, con $1,950.4 millones asignados al Programa de Becas y Auxilios Económicos. Solo en el año 2024, se destinaron más de $500 millones a este programa, que ha sido objeto de críticas desde octubre de 2022 debido a revelaciones sobre la asignación de recursos a figuras, empresarios y políticos cercanos al Partido Revolucionario Democrático (PRD) sin justificación clara.
Maribel Jaén ha señalado que si bien el mal uso de los auxilios económicos no es nuevo en la administración pública, el actual gobierno (2019-2024) ha “abusado” en la asignación de estos recursos, que deberían destinarse exclusivamente a personas de escasos recursos según la Ley de Transparencia.
Juan Carlos Arosemena, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), ha expresado su preocupación por la falta de control y fiscalización por parte de la Contraloría, describiendo la entidad como desfasada e incapaz de cumplir con su deber de informar al público sobre el uso de los fondos públicos.
Por su parte, Angélica Maytín, exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ha sugerido eliminar los auxilios económicos debido a la excesiva discrecionalidad en su asignación, beneficiando a personas que no cumplen con los criterios establecidos. Propone realizar auditorías urgentes para deslindar responsabilidades y verificar los procesos.
El llamado a la acción es claro: se requiere una revisión profunda de la gestión de la Contraloría y una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La rendición de cuentas y la integridad institucional son pilares fundamentales para la gobernabilidad democrática, y el debate actual refleja una preocupación legítima sobre la dirección de las instituciones encargadas de velar por el uso adecuado de los fondos del Estado.