Guillermo Ferrufino, Giácomo Tamburrelli, Ramón Ashby, Pedro Sánchez Moró y Bosco Ricardo Vallarino comparten más que haber ocupado altos cargos en el gobierno panameño; todos están ahora bajo la lupa, y algunos tras las rejas. En los últimos meses, estos exfuncionarios de alto perfil han acaparado titulares al comenzar a cumplir las condenas que les fueron impuestas por escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos.
Detenidos, transferidos o “con privilegios”
La lista comienza con Ferrufino y Tamburrelli, quienes se entregaron en octubre. Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, fue capturado el 7 de octubre, después de una recompensa por información sobre su desfile. Solo cuatro días antes, Giácomo Tamburrelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), ya estaba bajo custodia.
Ramón Ashby, exrepresentante de Calidonia, cayó en Condado del Rey el 30 de septiembre, mientras que Pedro Sánchez Moró, exalcalde de Arraiján, fue arrestado en La Chorrera el 12 de octubre. Finalmente, Bosco Ricardo Vallarino, exalcalde de Panamá, fue detenido el 14 de octubre en un apartamento de San Francisco.
¿Dónde están cumpliendo sus penas?
Ferrufino y Tamburrelli fueron trasladados al Centro de Rehabilitación El Renacer, una prisión que ha albergado a figuras poderosas, incluyendo a Manuel Antonio Noriega y el expresidente Ricardo Martinelli. Ferrufino enfrenta una condena de 10 años por corrupción y enriquecimiento injustificado, mientras que Tamburrelli acumula penas que suman 12 años por peculado.
Otros inquilinos en El Renacer incluyen a Charles Sadat Bonilla, condenado por peculado y corrupción en el caso de las llantas para la flota vehicular del PAN, y Jorge “Churro” Ruiz, exadministrador de contratos del MOP, condenado por el caso Blue Apple.
Por otro lado, Ramón Ashby y Pedro Sánchez Moró cumplen sus condenas en Tinajitas, donde Ashby enfrenta 60 meses de cárcel por peculado, y Sánchez Moró, siete años por el mismo delito.
El caso Vallarino: una excepción costosa
Bosco Ricardo Vallarino, en cambio, tuvo un giro de suerte en los estrados judiciales. La jueza de cumplimiento le permitió sustituir su pena de cuatro años de prisión por una multa de $12,000. Con esto, Vallarino abandonó El Renacer y quedó libre, aunque la fiscalía ha anunciado que apelará esta decisión.
Así, estos exfuncionarios, que alguna vez manejaron fondos públicos y gozaron de altos rangos, ahora enfrentan las consecuencias de sus actos, aunque algunos encuentran formas de pagar su salida del sistema carcelario.