La Defensoría del Pueblo informó que mantiene una vigilancia permanente sobre el traslado de 29 personas privadas de libertad al Parque Nacional Coiba, área protegida que desde 2005 cuenta con la declaratoria de Patrimonio Mundial otorgada por la Unesco.
A través de un pronunciamiento, la institución recordó que la Ley 44 de 26 de julio de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba, estableció que una vez finalizado su uso como centro penitenciario, tanto el área como las edificaciones pasarían a formar parte de los bienes administrados por el entonces ente ambiental del Estado, hoy Ministerio de Ambiente, bajo la supervisión del Consejo Directivo del parque.
La normativa también dispuso que las personas privadas de libertad que permanecían en el penal debían ser trasladadas a otros centros a más tardar un año después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, para el 29 de julio de 2005.
Asimismo, la Defensoría destacó que el artículo 5 de la misma legislación prohíbe la construcción de infraestructuras dentro del parque, salvo aquellas de bajo impacto destinadas al apoyo sostenible del ecoturismo o al desarrollo de actividades científicas contempladas en el Plan de Manejo.
La Dirección Nacional de Ambiente de la entidad reconoció los esfuerzos que realizan las autoridades en materia de seguridad pública, pero advirtió que el cierre del Centro Penitenciario de Coiba representó un compromiso simbólico e internacional asumido por el Estado panameño.
En ese sentido, sostuvo que cualquier medida que implique la reapertura del penal podría poner en riesgo la condición de Patrimonio Mundial que mantiene el parque ante la Unesco.
La Defensoría también reiteró la necesidad de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de conformidad con la Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario Panameño; el Decreto Ejecutivo 393 de 2005, que reglamenta dicho sistema; y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Mandela.
