La diputada independiente Alexandra Brenes presentó un nuevo anteproyecto de ley que busca endurecer las medidas contra los deudores de pensiones alimenticias en Panamá. La iniciativa plantea incluir a los morosos en la base de datos de la Asociación Panameña de Crédito (APC), extender el período de detención penitenciaria de 30 a 45 días y retener el pasaporte de los incumplidores.
Evaluación más amplia de la capacidad económica
La propuesta también introduce un enfoque más riguroso para evaluar la capacidad económica de los obligados al pago. Según Brenes, no solo se considerará el salario, sino también cuentas bancarias, estados financieros y tarjetas de crédito. “Queremos garantizar una pensión digna para los niños y niñas afectados. Esta medida busca proteger los derechos de los menores”, afirmó la diputada.
Morosidad en cifras
Datos del Órgano Judicial revelan que, hasta junio de 2024, se registraron 3,144 casos de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias en la jurisdicción familiar. De estos, el 84% de los deudores son hombres, mientras que el 16% corresponde a mujeres.
Debate en la Asamblea Nacional
El anteproyecto, que está siendo evaluado en la Asamblea Nacional, ha generado un intenso debate. Mientras algunos sectores apoyan las medidas como una forma de garantizar el bienestar de los menores, otros cuestionan la retención del pasaporte y la inclusión en APC como acciones que podrían ser excesivas.
La diputada Brenes defiende la propuesta argumentando que “es tiempo de priorizar el interés superior de los menores y de garantizarles los recursos necesarios para su desarrollo”.
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Próximos pasos
La discusión de esta iniciativa continuará en los próximos días, mientras los sectores afectados y las autoridades analizan su impacto y viabilidad. La propuesta promete marcar un antes y un después en el sistema de pensiones alimenticias en Panamá.