El proyecto de Ley No. 239 que adiciona y modifica artículos a la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial es rechazado por distintas organizaciones de la sociedad civil que califican la iniciativa como un retroceso, pues elimina los concursos para cientos de jueces y funcionarios nombrados de a dedo.
El Movimiento Independiente (Movin), expresó en un comunicado su preocupación por el hecho de que mientras el país se encuentra en una emergencia nacional por el coronavirus, algunos diputados aprovechan la ocasión para destruir la Carrera judicial.
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La organización independiente expresó que la Carrera Judicial ha sido una conquista ciudadana que ha costado más de diez años de presiones y búsqueda de consensos para que ahora mediante un proyecto inconsulto y debatido a puerta cerrada con la excusa del coronavirus, ponen en peligro los principales logros de la carrera agregando un artículo que elimina los concursos a cientos de jueces y funcionarios que fueron nombrados discrecionalmente y en violación de la ley de Carrera Judicial , por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2015.
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Agrega que todos los funcionarios del Órgano Judicial que laboran en esta dependencia deben tener la opción de participar de los concursos, pero no hay ninguna justificación para que pasen por encima de los requisitos diseñados para garantizar que los profesionales mejor calificados, sean los seleccionados por lo que rechazan las modificaciones incluidas en el proyecto de ley 239 que se debate en la Asamblea Nacional.
Otra organización que ha levantado su voz rechazando el proyecto es la Alianza Ciudadana Pro Justicia afirmando’ no vamos a aceptar que se premie el tráfico de influencias, el oportunismos y el juega vivo. Exigimos concursos por méritos y respeto a la Ley de Carrera Judicial y la Constitución'.
El presidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega expresó en su momento que ‘ninguna de las personas que se resisten a la implementación de la carrera han tomado en cuenta la determinación que tenemos de llevarla adelante contra viento y marea porque es lo mejor para el país y para la institución’.
Fábrega indicó que no es el momento para reformar la ley, más adelante de las experiencias que se tengan y en la medida en que existan consensos se podrá reformar la ley, pero mi trabajo es implementarla como esta, guste o no la ley hay que cumplirla y eso es lo que vamos hacer'. acotó.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de un análisis remitió a las Asamblea Nacional una nota donde detalla la inconsistencia de este proyecto con las recomendaciones de las consultorías efectuadas por organismos nacionales e internacionales, apoyadas en su momento por la sociedad civil y este Órgano del Estado Panameño, para lograr la aprobación de la Ley 53 de 2015, que dota a la judicatura de un estatuto que provee los mecanismos y herramientas que garantizan que los procesos de recursos humanos se desarrollen fundamentados en la competencia e idoneidad ética y técnica de todos sus miembros.