Aunque la crisis en el sector transporte agudizada por los elevados precios de los combustibles no ha sido generada por el actual Gobierno, su débil abordaje sí es una muestra de la incapacidad de nuestras autoridades, que como siempre solo trabajan para apagar fuegos y son incapaces de plantear alternativas a largo plazo para los distintos problemas.
Los planes de un sistema masivo de movilidad menos dependiente de los hidrocarburos casi ha sido ignorado, posiblemente con la intención de seguir promoviendo un sistema clientelar y que se presta para la corrupción.
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Por otra parte, la institución rectora en el tema del transporte prácticamente funciona como un brazo operativo de la Dirección de Ingresos captando dinero para las arcas a través de multas, cuando su mayor empeño debería ser el de promover un sistema de movilidad pública que garantice un buen servicio a los usuarios a precios accesibles.
Pero, como siempre, al final de la actual crisis los que pagaremos el precio seremos los ciudadanos con los subsidios que cubren nuestros impuestos y una que otra alza en el pasaje.