El Gobierno ha ordenado formalmente a la minera que finalice “sus operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización, así como las actividades mineras en general, y tomar las medidas y disposiciones necesarias y razonables para mantener la seguridad de las instalaciones y evitar pérdidas o daños ambientales dentro del área minera”.
Este es el paso más importante tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato con la empresa Minera Panamá y supone el fin de la extracción y exportación de minerales en Donoso.
Y en esta etapa, es muy importante que el Gobierno ordene de inmediato una serie de auditorías, no solo ambiental, que está entre las más importantes, sino fiscal y administrativa.
Estas auditorías –que deben ser altamente especializadas– son importantes para hacerle frente a los arbitrajes que se avecinan.
También hay que insistir, ahora que se adviene una etapa de negociación con la minera para su cierre ordenado, en la transparencia de este proceso, pero resulta que los panameños seguimos sin conocer los nombres de esos negociadores. Y, de hecho, las autoridades no han dado detalles de un calendario de actividades que acompañen el cierre de la mina.
No vamos a cejar en nuestro derecho de conocer, de primera mano, a las personas que estarán sentadas a la mesa de negociación con la minera en representación del Estado panameño.
Insistimos en que el Gobierno debe ser transparente en estas fases: las negociaciones, las medidas que se pretenden aplicar para el cierre de la mina, el calendario de actividades; el acompañamiento.
Y la sociedad civil debe estar invitada, en una suerte de veeduría, y si tiene que dar u ofrecer opiniones, esperamos que sean escuchadas, pues nunca está de más escuchar.
Los panameños necesitamos estar al tanto de todas las negociaciones. Esto no es, de ninguna manera, negociable.