Nuestro país tiene un serio problema sobre credibilidad en una de las instituciones que quizás es la más fundamental para preservar los preceptos democráticos, de equidad y el Estado de Derecho, el Órgano Judicial.
En no pocas ocasiones sus actores principales en las grandes tomas de decisiones han sido los responsables de esta mala imagen. No obstante, hay que reconocer que en tiempos recientes se han hecho esfuerzos para variar esa imagen.
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Ese trabajo no siempre cuenta con el respaldo de ciertos agentes coadyuvantes del sistema, como son los abogados, muchos de los cuales vienen asumiendo en los tribunales y fuera de estos conductas que rayan en lo criminal.
Con los vicios ya existentes a cuestas (escasos presupuestos, limitada capacitación e injerencias de todo tipo), los jueces y magistrados leales a sus principios también deben luchar contra letrados que laboran para sabotear el sistema y procurar que se aplique justicia.
Ya va siendo hora de que se envíen mensajes contundentes contra estas lesivas prácticas.