El proceso de divulgación del contrato minero entre el Gobierno y la empresa Cobre Panamá se sigue llevando de manera silenciosa y sin mucha promoción.
Ese bajo perfil es producto del rechazo generalizado que tiene dicho acuerdo, el que muchos conocedores del tema han llamado el nuevo Bunau-Varilla por las concesiones casi coloniales que ofrece a la empresa trasnacional.
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El más reciente pronunciamiento contra la actividad minera lo ha hecho la Iglesia católica local, que a través de los obispos de la Diócesis de Chitré ha expresado su definitivo rechazo a la explotación de oro y cobre en la mina de cerro Quema, en Tonosí de Los Santos, y de paso se ha referido a lo incompatible que es esta práctica económica con la riqueza hídrica y biodiversidad del país.
Este contrato nunca será sometido a un escrutinio real de los ciudadanos porque no pasaría. En su lugar, lo debatirán nuestros “honorables”, que bailan al ritmo del oro, la plata y el cobre, recursos que de seguro no faltarán cuando llegue la hora.