Este fin de semana, las autoridades panameñas desmantelaron dos campamentos ilegales utilizados para albergar migrantes en la peligrosa selva del Darién. Los campamentos, situados en las áreas de Aguacate y Dos Bocas, dentro de la comarca Emberá Wounaan, estaban formados por más de 75 estructuras improvisadas, según informó el subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís.
En una operación que puso de relieve la creciente tensión en la región, las fuerzas de seguridad encontraron que las estructuras estaban vinculadas al grupo armado “Clan del Golfo”, conocido por su actividad delictiva en la frontera entre Panamá y Colombia. A pesar de la ausencia del grupo armado en el momento del operativo, las autoridades lograron capturar a tres indígenas en Aguacate y desmantelar el campamento. En Dos Bocas, se encontraron más de 50 estructuras adicionales utilizadas para suministrar recursos a los migrantes.
La operación también resultó en la aprehensión de 70 indígenas, quienes defienden la legalidad de sus acciones amparándose en una resolución comarcal que, según ellos, les otorga el derecho a establecer estos campamentos en su territorio. Esta postura ha sido respaldada por el cacique Leonides Cunampia, quien argumentó que los campamentos son “refugios de primeros auxilios” para los migrantes que atraviesan la selva en su camino hacia Estados Unidos.
#Darién | Un campamento clandestino ubicado en Dos Bocas que era utilizado por el crimen organizado transnacional para el tráfico ilícito de migrantes y 7 antenas ‘Starlink’, entre los resultados de la Operación Arcángel Miguel, realizada junto a @PGN_PANAMA y @MiAmbientePma. pic.twitter.com/sJxN9wNvGi
— SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) August 31, 2024
Sin embargo, para las autoridades panameñas, estos campamentos representan algo más siniestro. “No son una comunidad, son estructuras campamentarias que han optado por sacar provecho a una economía ilícita, valiéndose del migrante que viene en malas condiciones”, afirmó Larry Solís. Esta afirmación subraya la complejidad de la situación, donde los derechos indígenas, la seguridad nacional y la crisis migratoria convergen en un escenario de creciente conflicto.
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El Senafront ha solicitado al viceministerio de Gobierno y Asuntos Indígenas una revisión de la resolución comarcal que ampara estas actividades. Las autoridades insisten en que ninguna resolución puede estar por encima de la Constitución y las leyes nacionales, marcando así un nuevo capítulo en la lucha por el control de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.