La situación financiera del sector de viviendas de interés social se ha vuelto crítica debido al impago del Gobierno Nacional, lo que pone en peligro la culminación de 16 mil hogares de interés social respaldados por el Fondo Solidario de Vivienda.
Las promotoras que se encargan de la construcción de estas viviendas se enfrentan a un panorama desafiante, ya que el Gobierno les adeuda la suma significativa de $140 millones, correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda. Esta deuda no solo representa un incumplimiento financiero, sino que también amenaza directamente a miles de hogares que dependen de estas viviendas en todo el país.
El programa, que implica un bono o subsidio de $10 mil otorgado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, está destinado a personas que buscan adquirir su primera vivienda, siempre y cuando el precio de venta no exceda los $70 mil.
Erika Salazar, ingeniera de la promotora Provivir, expresó su preocupación señalando que algunos proyectos cuentan con hasta un 90% de avance, y si persiste la morosidad en los pagos, las empresas podrían no tener más opción que detener las obras. Esta situación afectaría también a los colaboradores, ya que la falta de cumplimiento por parte del gobierno podría llevar a las empresas a reducir personal.
Este problema ha persistido a lo largo de los años y se ha agravado con el tiempo. El año pasado, el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, reconoció en una reunión con dueños de promotoras que el problema con los pagos se debe a los “ingresos limitados” de la entidad. Sin embargo, esta explicación no proporciona soluciones concretas para las promotoras ni para los miles de ciudadanos cuya seguridad habitacional está en juego.
La falta de cumplimiento del Gobierno no solo impacta a las empresas del sector, sino que también deja en una situación vulnerable a miles de familias que esperan ansiosamente la finalización de sus hogares. Es urgente que se tomen medidas concretas para resolver esta situación y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y segura.