La corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública han sido problemas persistentes en Panamá, afectando tanto la percepción nacional como internacional del país. En 2023, Panamá obtuvo un preocupante puntaje de 35 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), por debajo del promedio regional de 43. Esta percepción negativa fue uno de los factores que llevó a Fitch Ratings a rebajar la calificación de riesgo del país, con consecuencias económicas significativas.
Uno de los principales retos que enfrenta la administración del presidente electo, José Raúl Mulino, será restaurar la confianza y mejorar las prácticas de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) juega un papel crucial, aunque ha sido objeto de críticas por su falta de independencia y eficacia.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, señaló que la Antai debe convertirse en un referente en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, destacó que su rol ha sido mixto debido a su falta de independencia. “Para que sea efectiva, tiene que tener a una persona a la cabeza que pueda actuar con total independencia,” afirmó.
La Fundación Libertad Ciudadana también ha criticado la estructura de la Antai, especialmente desde que se eliminó el “nombramiento cruzado” que aseguraba cierta independencia de la entidad respecto al Ejecutivo. La actual estructura permite que la dirección de la Antai cambie con cada administración, reduciendo su capacidad de actuar de manera independiente.
Según Obaldía, la Antai ha tenido una gestión inconsistente, actuando en algunos casos conforme a la ley de transparencia, pero priorizando la protección de datos personales en otros. En muchos países, la entidad encargada de la transparencia no es la misma que protege los datos personales, lo que genera un conflicto de intereses en la Antai.
Además, la Antai también debería abordar los conflictos de interés en la función pública, una tarea en la que, según Obaldía, ha fallado. Para que la Antai cumpla efectivamente su rol, es necesario revisar sus funciones y estructura, garantizando su capacidad para sancionar a los funcionarios que incumplan las normativas de transparencia.
La Fundación Libertad Ciudadana propone una reestructuración de la Antai, enfocándose en su profesionalización y en revisar las responsabilidades atribuidas a la entidad desde su creación. Esto incluiría medir su efectividad como ente de control y su capacidad para sancionar a los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones de transparencia.
En el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) de 2023, Panamá obtuvo un puntaje de 5.39, ubicándose en el sexto lugar de 15 países de la región. Aunque este índice no sitúa a Panamá entre los peores países, la percepción de corrupción sigue siendo alta, especialmente en comparación con países como Uruguay y Costa Rica.