Las exoneraciones y las deducciones fiscales hacen de la actividad minera un negocio altamente rentable en nuestro país, y es precisamente el tema económico-fiscal el que ha provocado que se detenga la negociación iniciada en septiembre de 2021 entre el gobierno y Minera Panamá para un nuevo contrato de concesión.
En la mesa, la empresa pidió un tiempo para revisar una propuesta presentada por el equipo negociador con el compromiso de retornar este mes y legar a consensos.
El ministro de Comercio e Industrias y quien encabeza el equipo negociador del Gobierno, Ramón Martínez, indicó que se está en negociación sobre un esquema de regalías similar al de Chile y Perú que le permita al Estado cobrar regalías en función de las ganancias de la empresa.
PUEDE LEER: Regresan a las escuelas. Más de 30 mil estudiantes acuden para las clases de recuperación académica
En Chile, la minería tiene un fuerte aporte en el PIB del país. Además de regalías en porcentaje sobre ventas brutas y sobre ganancias.
Mientras que en Panamá, la falta de equidad en la distribución de los beneficios hace que la actividad minera sea rechazada. Los ambientalistas consideran que el impacto social y ambiental es mayor que las ganancias que deja la actividad.
Quienes la defienden ven en ella una forma de generar desarrollo a través de las inversiones.
Martínez señaló que la propuesta económica-fiscal presentada a la empresa busca obtener un equilibrio entre los beneficios económicos que merece y debe recibir el Estado, debido a la extracción de sus recursos minerales y la rentabilidad de la operación minera.
Los temas consensuados a la fecha se refieren a los aspectos ambientales y laborales.
El ministro Martínez manifestó que de lo consensuado hasta ahora, se consiguió que la empresa presente un plan de cierre de minas, aspecto no incluido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad competente en su momento.
Ha dicho que el plan de cierre es un “documento vivo” que es reevaluado periódicamente.
Datos
Minera Panamá tiene en concesión 13 hectáreas
El Estado recibe el 2% de la venta bruta de todos los minerales procesados.