El exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo sufrió un revés judicial. La Corte Suprema de Justicia determinó que no le asiste la razón al considerarse miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen). De este modo, no se admitió la demanda de inconstitucionalidad que buscaba que esa corporación de justicia tramitará el proceso en su contra por enriquecimiento injustificado.
Al no haber sido admitido el recurso, el Ministerio Público puede continuar con la investigación que adelanta por el delito de enriquecimiento injustificado en contra de Carrizo.
La decisión de la Corte fue comunicada a través del edicto No.484 colgado en la Secretaría de la Corte este 1 de abril y que lleva la firma del magistrado Carlos Alberto Reyes, quien actuó como ponente.
El pasado 28 de enero, la juez de garantías imputó cargos y ordenó el arresto domiciliario de Carrizo por la comisión del presunto delito de enriquecimiento injustificado, sin embargo, durante la audiencia sus abogados alegaron que la juez no tenía competencia para conocer el caso, ya que, por disposiciones constitucionales, su cliente es miembro del Parlacen.
A pesar de la advertencia realizada por Pedro Meilán y Roberto Moreno, del equipo de abogados de Carrizo, la juez decidió continuar con la audiencia y envió el recurso a la Corte.
En la audiencia, Moreno citó un fallo del magistrado José Troyano (2003) en el que se plantea que, en casos como este, prevalecen las normas constitucionales, que establecen que, una vez concluido su período de gobierno, tanto el presidente como el vicepresidente de la República adquieren automáticamente la condición de diputados del Parlacen.
La advertencia de inconstitucionalidad plantea que la acción de la juez violó normas de protección a los derechos humanos de Carrizo durante la audiencia y que el caso debía ser enviado a la Corte de forma inmediata.
Como parte de su investigación, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el exvicepresidente obtuvo ingresos por la suma de $7.1 millones durante su gestión. Sin embargo, tras culminar su mandato, los bienes declarados superaron los $9 millones, lo que arroja una diferencia no justificada de $1.9 millones.
Las afirmaciones de la fiscalía se fundamentan en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que revela el supuesto aumento patrimonial del exvicepresidente.
Carrizo también acudió a la Sala Tercera de la Corte a través de una demanda para anular la auditoría de la Contraloría, pero tampoco fue admitida por esta instancia judicial.
