El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales remitió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación presentado por la defensa del exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino (2009-2012) y su esposa Milena Edith Vallarino de Ferrufino, contra la condena de seis años de prisión por la comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
A través del edicto 305 ‘colgado’ en la secretaría del Tribunal Liquidación de Causas Penales se informa a las partes de la decisión asumida de enviar a la Sala Penal el recurso presentado por la defensa de Ferrufino.
La decisión lleva la firma de los magistrados Secundino Mendieta (ponente), José Hoo Justiniani y Manuel Mata Avendaño.
LEA TAMBIÉN: Por esto es que la juez Marquínez no ha terminado con New Business: hay un juicio pendiente e imputados ausentes
La decisión de los magistrados se fundamentó en los artículos 2,437 y 2,439 del Código Judicial, en los que se establece que si el recurso presentado cumple con los requisitos de haber sido presentado en tiempo oportuno, contiene una historia concisa del caso, se especifiquen los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto de su vulneración, el recurso será admitido y enviado a la Sala Penal de la Corte.
En febrero de 2022, el Juzgado Tercero Liquidador condenó a Ferrufino y a su esposa por no haber podido justificar la suma de $2.2 millones cuando abandonó el cargo de ministro durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Esa sentencia fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Liquidación y ahora será la Sala Penal quien la revise.
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que en sus años de gestión Ferrufino obtuvo ingresos por la suma de $1 millón 126 mil 884, pero sus gastos, bienes adquiridos y cuentas bancarias alcanzaron la suma de $3 millones 415 mil 180. Lo que arrojó que no podía justificar un monto de $2 millones 288 mil.
Ferrufino mantiene vigente una pena de cuatro años de prisión por el delito de corrupción. En abril pasado, la Sala Penal no admitió una casación contra la sentencia del 29 de julio de 2022 dictada por el Tribunal Superior de Liquidación, que le confirmó una condena de 48 meses de prisión porque recibió una camioneta Toyota, para su uso personal, de parte de dos empresas que le transfirieron $110 mil a través de una tercera persona.
El dinero fue entregado como “donativo” a cambio de contratos con el Estado.