El Consejo de Gabinete en reunión de este martes 18 de abril, aprobó enviar a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, según el análisis hecho, ampliar su alcance a los estándares internacionales.
A través de un comunicado de Gobierno, se informó que Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), expuso que la iniciativa que deberá ser impulsada, debatida y aprobada por la Asamblea Nacional es producto del consenso con la sociedad civil, la academia y la Organización de Naciones Unidas para la Educación (Unesco, por sus siglas en inglés).
Citando a Fernández acota que la Unesco ha dicho que “Panamá avanza en materia de legislación de acceso a la información con esta iniciativa”.
“En un reciente comunicado Unesco destacó que el proceso de reforma iniciado en Panamá constituye una ventana de oportunidad para trabajar en proyectos robustos y transformadores que puedan reflejar no sólo lo establecido por la Ley Modelo Interamericana, sino incluso, superarla”, dice la nota de prensa.
No obstante, distintos medios de comunicación y grupos de la sociedad organizada han cuestionado, en no pocas ocasiones, las trabas que se imponen desde el aparato estatal para limitar el acceso a la información, apelando a normas de confidencialidad o simplemente ignorando el pedido que se hace.
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En su comparecencia ante el Consejo de ministros, la directora de Antai señaló que la actual Ley (de transparencia y acceso a la información) tiene 21 años de vigencia, “por lo que se requiere una revisión y modernización, además de actualización tecnológica, ampliar el alcance a los estándares internacionales y mejorar su estructura”.
Agregó que la actual modificación se efectuará con los parámetros del modelo Interamericano 2.0, que ofrece a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), un marco de referencia de avanzada que integra los más importantes estándares internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública.
“Además, establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información y se basa en el principio de máxima publicidad, de tal manera que cualquier información en manos de los sujetos obligados sea completa oportuna y accesible”.
La propuesta incorpora la disminución del plazo a 15 días hábiles para responder a la solicitud de información y 15 días hábiles si se solicita prórroga. Además, se amplía la tramitación de las solicitudes de información, ya que se podrá realizar por escrito en papel simple, por medio de correo electrónico, de forma oral o por las plataformas tecnológicas establecidas para este fin.