El Consejo de Gabinete celebró una sesión clave en la que se aprobaron varios proyectos de ley y resoluciones, buscando impulsar la economía, mejorar la responsabilidad fiscal y actualizar zonas turísticas del país. Entre las medidas más destacadas se encuentra la moratoria fiscal, que ofrece un alivio temporal para el pago de impuestos morosos y las deudas asociadas.
El proyecto de ley 38-24 establece un período de moratoria del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2024, permitiendo que contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, salden sus deudas sin recargos ni intereses. La Dirección General de Ingresos (DGI) estima recuperar hasta el 18% de los $3,210 millones adeudados, con la meta de dinamizar la economía nacional y fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Otro punto relevante fue la aprobación del proyecto de ley 39-24, el cual modifica la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. El objetivo principal es controlar el déficit fiscal y reducir la deuda pública a un nivel prudente del 50% del PIB en un plazo de diez años, siguiendo estándares internacionales y asegurando un manejo más transparente de las finanzas del Estado.
En la sesión, también se aprobó la Resolución N.°112-24, que actualiza las regiones y destinos turísticos del país. Con esta resolución, se reconocen 34 destinos en 8 regiones, adaptando las áreas de interés turístico a los cambios político-administrativos de los últimos años. Esto permitirá una gestión más eficiente de los recursos y promoverá la descentralización de la actividad turística en el territorio nacional.
Asimismo, se prorrogó por seis meses más la vigencia del Decreto de Gabinete N.°5-21, que protege la comercialización del café tostado. Esta medida busca salvaguardar la economía local y asegurar el cumplimiento de las normas de salud pública relacionadas con este producto esencial.
En cuanto a la responsabilidad fiscal, el Gabinete aprobó la creación de un Consejo Fiscal independiente, encargado de supervisar y emitir opiniones sobre la política fiscal del Estado. Este consejo aportará mayor transparencia y rigor en la gestión de los recursos públicos, alineándose con las mejores prácticas internacionales.
Finalmente, se discutieron medidas para flexibilizar las políticas fiscales en situaciones excepcionales, como emergencias nacionales o desaceleraciones económicas, lo cual brindará al Estado herramientas para adaptarse a circunstancias imprevistas y proteger la estabilidad financiera del país.