El esquema de descuentos que reciben los jubilados y pensionados en Panamá podría sufrir cambios. Representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional, gremios de jubilados y el sector privado se reunieron este martes en el Palacio de Las Garzas para analizar alternativas al proyecto de ley 226.
Esta fue la segunda reunión de coordinación convocada para buscar una salida a los cuestionamientos surgidos alrededor de la propuesta y encontrar un modelo que mantenga beneficios para los adultos mayores, pero que también tome en cuenta el impacto económico que estos descuentos representan para las micro y pequeñas empresas.
Durante el encuentro se discutió cuáles beneficios deberían tener mayor peso dentro de un eventual nuevo esquema.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de garantizar descuentos considerados esenciales para los jubilados, como los relacionados con energía eléctrica, transporte público, telefonía y servicios de salud.
También entraron en la conversación productos utilizados especialmente por adultos mayores, entre ellos pañales, sillas de ruedas y andaderas.
En contraste, los participantes analizaron si algunos descuentos relacionados con sectores como el turismo y la hotelería realmente benefician a los jubilados con mayores necesidades económicas.
La reunión fue coordinada por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y contó con la participación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; el diputado Javier Sucre; la viceministra de Economía, Eida Sáiz; y el asesor presidencial Ricardo Fábrega.
También estuvieron dirigentes de organizaciones de jubilados y representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Fedecámaras y la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.
Las conversaciones forman parte del proceso impulsado por el presidente José Raúl Mulino, quien el pasado 9 de septiembre sostuvo un primer encuentro con representantes de jubilados y empresarios.
