El Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) y la Contraloría General de la República están en el ojo del huracán tras rehusarse a divulgar información sobre beneficiarios de programas educativos, desafiando las directrices de transparencia y acceso a la información pública.
El contralor Gerardo Solís ha defendido la decisión de mantener en reserva los nombres de los beneficiarios de auxilios económicos, argumentando que la Corte Suprema de Justicia respalda su “facultad discrecional” para clasificar como confidencial cierta información. Solís sostiene que esta política persistirá hasta el final de su mandato, a pesar de las críticas y advertencias.
El Ifarhu, dirigido por Ileana Molo, ha sido señalado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por no cumplir con regulaciones de transparencia, incluyendo la derogación de resoluciones que mantienen en secreto la asignación de beneficios económicos. La falta de procedimientos claros y la discrecionalidad en la adjudicación de auxilios han generado preocupaciones sobre posibles favoritismos y falta de rendición de cuentas.
En una base de datos reciente publicada por La Prensa, se revela que beneficiarios de auxilios incluyen familiares de políticos y allegados al Gobierno, planteando interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos públicos.
La Procuraduría de la Administración ha mostrado interés en el asunto, exigiendo explicaciones al Ifarhu sobre su falta de respuesta a las directrices de la Antai. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas y el silencio persiste por parte de las autoridades competentes.