Guillermo Cortés, representante del Movimiento Mundo de jubilados y pensionados, ha manifestado su preocupación por la situación actual de la Caja de Seguro Social (CSS) y ha instado al recién designado director, Dino Mon, a priorizar la modificación de la Ley 51 antes de considerar la implementación de medidas paramétricas. Cortés considera que la ley vigente representa un problema mayúsculo para la institución y que su revisión es urgente, al igual que la mejora de los servicios médicos y la solución al desabastecimiento de medicamentos que afecta a miles de asegurados.
Cortés enfatizó que es crucial que Mon también se enfoque en recuperar las deudas pendientes que empresarios e instituciones gubernamentales tienen con la CSS. “Esos fondos son esenciales para mitigar la falta de recursos en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, señaló Cortés, subrayando que el enfoque debe estar en fortalecer las finanzas de la CSS sin recurrir de inmediato a cambios paramétricos, que podrían generar mayores problemas en la sociedad.
Como parte de las propuestas para solucionar la crisis del sistema de pensiones, Cortés sugirió al presidente de la República, José Raúl Mulino, que considere gestionar un traslado de $300 millones provenientes del Canal de Panamá para inyectar capital al fondo del IVM. Además, propuso regular los salarios de notarios y cónsules, con el objetivo de destinar los ahorros resultantes a este mismo fondo, contribuyendo así a la estabilidad financiera tanto de los asegurados como de los no asegurados.
El dirigente jubilado reiteró su postura de que introducir medidas paramétricas de manera directa sería contraproducente y agravaría los problemas existentes en la CSS. En contraste, sugirió que las reformas a la Ley 51, junto con la recuperación de los fondos adeudados, deben ser las primeras acciones a tomar.
Por su parte, el presidente Mulino, en su conferencia semanal, reafirmó su compromiso de no privatizar la CSS “bajo ningún aspecto o concepto”. Además, expresó su intención de continuar dialogando con diversos sectores sobre las pensiones y jubilaciones, siempre que las propuestas presentadas sean viables económicamente. El mandatario insistió en que cualquier solución debe estar basada en un consenso amplio, sin exclusiones, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.