En una audiencia celebrada este jueves, 29 de octubre, un juez de garantías determinó que los riesgos procesales de peligro de fuga no han disminuido y que es necesario que se mantenga arraigado al proceso.
El pasado 10 de julio, Araúz fue imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado, luego de que una auditoría forense de la Contraloría advirtiera que el exfuncionario no podía justificar la procedencia de $1.3 millones.
La detención le fue dictada ante la existencia de riesgo de fuga, ya que la Fiscalía Anticorrupción informó a la juez que Araúz se encontraba tramitando una residencia temporal en Paraguay, supuestamente por motivos laborales. Igualmente, que en varias ocasiones se intentó notificarle del proceso seguido en su contra, pero nunca se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción para conocer el proceso.
Fiscal Anticorrupción, Patricia Herrera. LP/Juan Manuel DíazLas fiscales anticorrupción Janisbeth Malek y Patricia Herrera explicaron a la juez que el informe de auditoría encontró que, mientras fue administrador de la AMP (2019-2024), Araúz recibió ingresos por $1.3 millones, pero registró gastos por $2.3 millones. Ese excedente no fue debidamente justificado, por lo que la Contraloría remitió el informe al Ministerio Público.
A Araúz le encontraron un automóvil marca Lexus, valorado en $159 mil, y una camioneta Toyota 4Runner. Además, es el beneficiario final de Naf Services y también tiene participación en Panama Naval Services e Inmobiliaria Brady.
La aprehensión de Araúz fue solicitada por la fiscalía anticorrupción el pasado 4 de junio, pero no se había podido ejecutar dado que se encontraba fuera del país. Finalmente fue capturado el pasado miércoles por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el aeropuerto de Tocumen, cuando retornó en un avión procedente de Asunción.
