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La Antai inicia investigación por pérdida de información pública en instituciones públicas

La Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, todas las entidades públicas tienen la obligación de mantener y conservar la información de carácter obligatorio establecida en la ley.

Por Eric Conte

Interior de la junta comunal de Ancón. Cortesía

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha iniciado una serie de investigaciones en diversas instituciones públicas, incluyendo municipios y juntas comunales, debido a la sustracción y eliminación de información pública relevante. Este anuncio se realizó a través de un comunicado emitido la tarde del martes 9 de julio.

Según la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, todas las entidades públicas tienen la obligación de mantener y conservar la información de carácter obligatorio establecida en la ley. La Antai destacó la importancia de que todas las entidades cumplan estrictamente con estas disposiciones legales para asegurar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los fondos públicos.

Además, la Ley No. 33 del 25 de abril de 2013 establece que cada institución debe, a través de su oficial de información designado, promover las mejores prácticas en el mantenimiento, archivo y custodia de los documentos públicos. Esto incluye tanto la información de acceso público como la información confidencial o de acceso restringido.

En particular, las juntas comunales de Pueblo Nuevo, Chilibre y San Francisco han reportado que los nuevos ediles encontraron todos los registros contables borrados. La sustracción o eliminación de información relacionada con el manejo de fondos públicos constituye un delito contra la administración pública.

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Desde 2022, la Antai ha puesto a disposición de todas las instituciones públicas la plataforma de Monitoreo de Transparencia. Esta herramienta, de uso obligatorio, debe funcionar como un repositorio central de toda la información, garantizando así su conservación y acceso.

La Antai reitera su compromiso con la transparencia y hace un llamado a todas las instituciones a cumplir con las normativas vigentes para evitar sanciones y asegurar una gestión pública transparente y responsable.