La Fundación Libertad condenó los actos de “represión policial” a manifestaciones pacíficas de ciudadanos en los últimos días en rechazo al contrato que renovó la concesión a Minera Panamá en Donoso.
Según la fundación, estos actos constituyen una “violación flagrante del derecho fundamental de reunión pacífica”, consagrado en el artículo 38 la Constitución.
“El gobierno y la Fuerza Pública tienen la obligación de mantener la paz y el orden, por lo tanto tienen la potestad y obligación de arrestar y conducir hacia las autoridades competentes, a las personas que cometan actos de vandalismo contra la propiedad privada, o de extorsión y otros atropellos contra ciudadanos, como se ha dado en algunos casos por parte de facinerosos que solo buscan crear caos y desorden públicos”.
Indicó que de ningún modo tal obligación de asegurar el orden público puede entenderse extensiva a la potestad para ordenar la dispersión de grupos de ciudadanos que se manifiestan de forma pacífica en la vía pública en contra del gobierno.
“Las imágenes que han circulado y que hemos podido ver los panameños, de unidades de la fuerza pública dispersando por la fuerza a los ciudadanos que se congregan en diversos puntos de la ciudad a fin de manifestar su rechazo al contrato de concesión minera en cuestión, evocan recuerdos de cuando nuestro país vivía bajo una dictadura militar, recuerdos que resultan dolorosos y que de ningún modo debemos permitir se conviertan nuevamente en realidad”, destacó.
La Fundación Libertad exhortó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que ordene “de inmediato y de forma definitiva el cese de los actos de la fuerza pública de dispersar manifestaciones pacíficas de ciudadanos que expresan, en ejercicio de su derecho de reunión pacífica, su descontento con el gobierno nacional por los motivos que a bien tengan para manifestarse”.
Un poco más de 440 personas, 64 de ellas menores de edad, fueron arrestadas en por su presunto nexo con “vandalismo” y “daños a la propiedad” durante los 5 días de protestas y disturbios contra una concesión minera, de acuerdo al reporte de la Policía Nacional del viernes 27 de octubre.