Mientras surgen voces y hasta una iniciativa que busca derogar parte de la nueva ley de incentivos turísticos, en la que el Estado reconoce y asume el valor total de la inversión, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se manifestó y considera que dicha ley “debe ser pulida”.
Dicha ley permite que personas jurídicas o naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas, reciban certificados de crédito fiscal del impuesto sobre la renta equivalente al 100% de las sumas invertidas, por lo que el Estado termina asumiendo el valor total de la inversión.
El gremio está de acuerdo en que el turismo es clave para reactivar la economía en el contexto actual y expresó que apoya y promueve las iniciativas encaminadas a estimularlo y a asegurar su competitividad frente a otros destinos, “pero sin dejar por ello de reconocer que los intereses del país, como un todo, deben primar sobre los intereses particulares e incluso sectoriales”.
“Luego de un profundo proceso de análisis hemos concluido que la Ley 122 de 2019 sobre incentivos para el fomento de la actividad turística requiere de una revisión concienzuda por parte del Órgano Ejecutivo”, dijo la Cámara de Comercio en su comunicado semanal oficial Cámara Opina.
Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, el Ministerio de Economía y Finanzas debe establecer topes de acuerdo con su capacidad para absorber el sacrificio fiscal correspondiente.
Recomendó revisar el alcance de esta nueva ley, “con el fin de orientarla puntualmente a las ocho áreas de interés definida dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020–2025. Además, diferenciar entre producto turístico y desarrollo hotelero, y aquellos proyectos inmobiliarios o residenciales que, más que ayudar al turismo, podrían plantear una competencia desleal al sector”.
La CCIAP opinó además, que los requisitos y obligaciones, así como los términos de fiscalización y sanciones, deben plantearse de forma clara. “Si los créditos fiscales se van a otorgar al inicio de la obra, es vital que el desarrollador presente fianzas de cumplimiento, además de estudios de factibilidad y viabilidad, certificaciones o auditorías por profesionales idóneos”.
Dijo que en términos de impacto, la Ley 122 debe contemplar la presentación de estudios fiscales que midan el impacto de los proyectos que aplican al beneficio, en tanto reiteró que el Ministerio de Economía y Finanzas debe establecer topes de acuerdo con su capacidad para absorber el sacrificio fiscal correspondiente. “De igual forma, se deben establecer mecanismos para medir el impacto social en materia de generación de empleos directos e indirectos, efecto multiplicador de la inversión y beneficio en las comunidades”.
Manifestó que “finalmente, por tratarse de fondos públicos, toda la información y elementos que se sometan a consideración para la aplicación del crédito fiscal deben ser de carácter público”.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reiteró que “respalda las iniciativas que contribuyan al desarrollo del sector turismo, pero sin dejar de lado los análisis y procesos que garanticen que dichas propuestas están alineadas con los mejores intereses, no solo del sector, sino del Estado. Porque el Estado somos todos”.