El exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, otros dos exfuncionarios más y un particular, han sido llamados a juicio por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de las diferentes formas del peculado, hecho cometido en perjuicio del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
El llamado a juicio lo hizo el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga e incluye también al exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el exjefe de Contrataciones Públicas y un particular fijándose como fecha de audiencia ordinaria el 15 de mayo de 2023.
El Ministerio Público explica que este caso guarda relación con una investigación de una denuncia anónima recibida en la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, el 21 de agosto de 2014, en la que se informó que se efectuaron pagos a empresas proveedoras de servicios que no cumplieron con la obligación pactada con el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Detalla que según la vista fiscal del Ministerio Público, el informe de auditoría de la Contraloría General de la República ratificó que el contrato suscrito con la empresa para la administración, operación y seguridad de estacionamientos en la terminal de pasajeros y terminal de carga indican que del periodo del 1 de octubre de 2011 al 31 de julio de 2014, en referencia a los análisis de la recopilación de las evidencias; cheques, facturas, actas y entrevistas determinaron un perjuicio económico al Estado por el orden de B/.1,946,944.68.
De acuerdo al Ministerio Público, igualmente se pudo evidenciar la vinculación del exministro y se desprende el hecho que la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen estaba representada a la fecha de la contratación del 11 de julio de 2011 por el mismo, quien fungía como presidente y firmó el contrato de concesión.
El informe indica que el contrato infringió la norma penal, ya que se realizó una contratación directa sin que se evidencie la justificación, ni el análisis de mercadeo, económico, financiero y operacional lo que perjudicó la economía de la entidad, dejando de percibir ingresos por el orden de B/.1,883,706.77.