La empresa Orla Mining Ltd. dio a conocer que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) rechazó las solicitudes de extensión para las tres concesiones que comprenden el proyecto minero Cerro Quema, en la provincia de Los Santos.

La empresa comunicó que además se declararon canceladas las concesiones y el área será una reserva, con lo cual afirmó que explorará todos los recursos legales disponibles para “proteger sus inversiones”, incluyendo la adopción de medidas para hacer valer sus derechos, según normativas internacionales.

“Si bien la compañía lamenta esta decisión del Gobierno panameño, continuará monitoreando los acontecimientos en Panamá, que siguen siendo inciertos y evolucionan rápidamente. Sin embargo, hasta que la compañía tenga mayor certeza con respecto a las concesiones mineras, así como estabilidad fiscal y legal en Panamá, la compañía no considerará gastos adicionales para el desarrollo del proyecto Cerro Quema”, puntualizan.

Según ellos han invertido $120 millones. Esta concesión para extraer oro es de unas 15 mil hectáreas en Los Santos.

La reacción

El Frente Santeño contra la Minería fue uno de los primeros en reaccionar, al señalar que se mantendrán vigilantes para que la empresa resarza los daños causados en la zona.

Milciades Pinzón, uno de los voceros de esta organización, manifestó que luego de la decisión contra el proyecto minero, la empresa tendrá entonces que responder por lo que ha pasado allí.

De hecho, recordó que el contrato terminó en el 2017 y desde entonces no se había avalado la extensión de la concesión. “Naturalmente la empresa va a presentar sus recursos, pero eso va a ser bastante infructuoso”, consideró.

El vocero del Frente Santeño contra la Minería insistió en que ahora hay que buscar la manera para que la empresa repare los daños al medio ambiente en la zona.

Además se refirió que en un futuro la zona podría ser utilizada para cooperativas de turismo, que generarían empleo entre la población de Tonosí o Macaracas.

Como se recordará en noviembre pasado se aprobó la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023, “Que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional”.

El estudio de impacto ambiental del proyecto minero Cerro Quema fue presentado en 2015 y se consideraba un tema olvidado, ya que la administración pasada (2014-2019) no le había dado el visto bueno.

De hecho, en el Gobierno pasado el Ministerio de Ambiente contrató una consultoría internacional para la evaluación de este proyecto y ninguno de los ministros de Ambiente en ese período, Mirei Endara (2014-2017) y Emilio Sempris (2017-2019) aprobó el estudio ambiental.

No obstante, con la llegada de la nueva administración gubernamental (2019-2024) se retomó la evaluación del estudio ambiental, hasta su aprobación el pasado 25 de mayo. Quien lo firmó fue la viceministra de Ambiente, Diana Laguna, y no el ministro, Milciades Concepción.